A diez años de la CPE boliviana

Los límites en el nuevo constitucionalismo latinoamericano

Gladstone Leonel Jr.
Publicado en Septiembre 2019 en La Migraña 32

Introducción

El debate constitucional que ha permeado a varios académicos latinoamericanos y europeos en el último período, conocido por la doctrina como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, tiene algunos límites y nuevos desafíos coyunturales. Un hito de este período marca diez años en 2019: la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.

Además de la reanudación de los programas políticos neoliberales en varios países de la región como Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros, también hay un retorno a los procesos golpistas que no respetan su progreso democrático y reavivan las olas históricas de golpes políticos en América Latina.

Ante este escenario, es importante reflejar hasta qué punto los países que han cambiado sus estructuras constitucionales desde ciertas rupturas políticas como Bolivia, pueden llevar a cabo el proceso transformador que propusieron. Este tipo de experiencia coexiste, más allá de sus propias contradicciones, con los límites transformadores intraconstitucionales, la presión imperialista y la propia élite económica interna, que intentan desestabilizar sus procesos políticos.

En tiempos de crisis, en sus diversas dimensiones, ya sean políticas, económicas o incluso valores; el imperialismo profundiza la violencia, hace alianzas internas y expande sus tentáculos con el propósito de hegemonizar los procesos políticos, que tienen poca interferencia. Antiguas redes de apoyo como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) son más frágiles, debido a la ola de Gobiernos conservadores que ahora están avanzando en los países latinoamericanos.

Incluso con las limitaciones impuestas en los últimos años, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, respaldado por lo que llamamos «constitucionalismo desde la calle», todavía tiende a desempeñar un papel fundamental, especialmente de un conjunto de reveses políticos, que también busca tragar la experiencia boliviana.

1. Los diez años de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia a lo largo del proceso histórico

A partir de 1999, especialmente después de la implementación de programas neoliberales en prácticamente todos los estados de América, los Gobiernos surgieron de la resistencia popular, que actuaron contra los efectos de estas medidas de austeridad que afectaron a una gran parte de la población. En poco más de una década, más de diez países se han inclinado hacia la izquierda o el centro izquierda para elegir presidentes populares. Entre los ejemplos más emblemáticos podemos destacar: un militar revolucionario en Venezuela (Hugo Chávez), un militante obrero (Lula) y una luchadora contra la dictadura militar en Brasil (Dilma Rousseff), un sindicalista cocalero en Bolivia (Evo Morales), un economista antiimperialista en Ecuador (Rafael Correa), una luchadora contra la dictadura militar en Chile (Michelle Bachelet), un guerrillero tupamaro en Uruguay (Pepe Mujica), un par de peronistas de izquierda en Argentina (Néstor y Cristina Kirchner), un sacerdote del teología de la liberación en Paraguay (Fernando Lugo), etc. (Leonel Júnior, 2017: 64).

En Bolivia después de la elección de Evo Morales precedida por varias luchas populares, la gente se vuelve más prominente cuando se le pide que decida si solicitar o no un proceso constituyente. Algo que viene de abajo hacia arriba, que se construye en los gritos del pueblo, y legitima un «constitucionalismo desde la calle» (Leonel Júnior; Sousa Júnior, 2017), que tiende a materializar un proyecto popular de poder. Además, de que los constituyentes tienen una participación popular activa en la formulación de los contenidos, que ocurrió en varias regiones de Bolivia, era necesario la aprobación de un referéndum popular para confirmar o no el contenido constitucional propuesto. Allí, de hecho, hubo la activación del poder constituyente original.

Con respecto a las enmiendas constitucionales en estos países, es decir, los instrumentos de ejercicio del poder constituyente derivado, deben pasar por el tamiz popular para su realización. Por lo tanto, el cuerpo constitucional no cambia sin la aprobación del pueblo, a diferencia de lo que sucedió en Brasil después del golpe de 2016, con cambios constitucionales, sin tener en cuenta las demandas populares en general.

Actualmente, hay un nuevo revés en el proceso histórico, en el cual los programas neoliberales son asumidos por Gobiernos de derecha elegidos o golpes parlamentarios apoyados por el aparato del sistema de justicia de algunos países latinoamericanos.

En este contexto político y social, que la Constitución boliviana completa diez años de promulgación, aún en un Gobierno liderado por Evo Morales y Álvaro García Linera. Las tensiones a lo largo de esta ruta fueron variadas e intensificadas.

Uno de ellos ocurrió en febrero de 2016, cuando el Gobierno, utilizando prerrogativas constitucionales, celebró un referéndum para consultar a la población sobre la posibilidad de la candidatura de Evo Morales por cuarto mandato consecutivo. El resultado del referéndum consistió en la primera elocuente derrota electoral del grupo gobernante, una votación cerrada basada en un entorno de falsos ataques de los medios contra Evo Morales. Entre ellos, el caso que tuvo la mayor repercusión durante este período fue Gabriela Zapata , fundamental para entender la victoria del «No» con el 51 % de los votos contra el 48.7 % del «Sí».

Algún tiempo después de este episodio, una sentencia (N.° 084/2017) emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017, basado en «el control de convencionalidad reconoció el derecho humano a aplicar independientemente de las restricciones estatales y decidió que Evo Morales pueda aplicar en las elecciones de 2019 por cuarto término consecutivo” (Bello, 2018: 161). La decisión provocó una intensificación de los ataques de los medios corporativos contra Evo, así como críticas de varios sectores académicos.

Curiosamente, los mismos críticos que, en el caso de Bolivia, exigen «alternancia de poder», una premisa falsa apoyada por bases liberales, no lo hacen cuando la realidad a analizar es europea, solo ver el caso de la canciller alemana Angela Merkel, que ha ocupado su puesto desde 2005 sin generar preguntas sobre su permanencia.

Sin embargo, la derrota en el plebiscito en 2016 también ayuda a comprender una reconfiguración del panorama político internacional y nacional de Bolivia. El Gobierno comienza a erosionar su base popular, un fenómeno que también ocurre en otros países, hasta entonces con Gobiernos progresistas en América Latina.

La disputa en Bolivia destaca algunas tensiones. «El pragmatismo de los «estatalistas» hiere de muerte este potencial creativo de las personas que, al actuar políticamente, transforman la realidad y a sí mismas. La idealización y abstracción de los «hiperautonomistas» con respecto a las condiciones concretas de la coyuntura, por otro lado, implican la falta de progreso y una acción política separada de las condiciones objetivas «(Valença, 2017: 242).

La dinámica de construir lo que se concibe como socialismo comunitario impregna estos problemas inherentes al proceso histórico de avances y retrocesos dentro de la arena política.

Con respecto a los aspectos de estructuración material del análisis constitucional, no hay duda de que, desde el punto de vista de la forma, se garantizó un mayor flujo democrático en la garantía de los derechos. Por lo tanto, se fortalecieron las agendas relacionadas con cuestiones de género y étnico-raciales. A medida que un engranaje político tira de otro, los índices de desigualdad social y analfabetismo se han desplomado en este período con políticas derivadas de una reestructuración institucional basada en la Constitución. Además, las políticas de retomar los sectores estratégicos en la economía fueron fundamentales para garantizar el subsidio al Estado en la promoción de políticas públicas de crecimiento.

Ha habido un proceso importante de redistribución de la riqueza social en países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esto condujo a una expansión de las clases medias (clase trabajadora empleada) y un aumento en su capacidad de consumo. Como resultado, hubo una reducción drástica en la desigualdad social, algo que no se había realizado en muchos años.

Es importante destacar que estos cambios incorporados tienden a alterar varios puntos relacionados con la construcción de estructuras de poder (Leonel Júnior, 2017: 119). Solo observar las transformaciones derivadas de las necesidades sociohistóricas de estos países en temas como la descolonización, la plurinacionalidad, la democracia, las jurisdicciones, entre otros.

Todo este contexto en América Latina ha contribuido a una especie de articulación progresiva y en algunos casos revolucionaria a nivel continental. Fue un momento en que los latinoamericanos dejamos la figura de los subordinados ante las grandes potencias político-económicas y asumimos un papel nunca antes visto. En ese momento surgieron CELAC, UNASUR, ALBA, el Banco del Sur, los BRICS , Telesur, entre otras iniciativas para fortalecer un campo político del sur, que se atrevió a desafiar los siglos de dependencia a los que fue sometido.
Todos estos cambios en poco más de una década es algo a destacar, nunca se deja de lado.

2. Los límites establecidos después de estos diez años y ante los retrocesos cíclicos

Después de este período de progreso conjunto en América Latina, este avance se detuvo. En algunos casos ha retrocedido. La reconstitución de las viejas élites, que ahora retoman el control de la gestión pública, está en marcha.

Sin embargo, esto no significa que las constituciones populares latinoamericanas hayan perdido importancia. Por el contrario, representan un pacto social que es difícil de romper por aquellas élites que buscan recuperar el poder del Estado. Como regla general, los países que han sido seleccionados por un proceso constituyente popular todavía tienen un proyecto político progresivo en marcha como Venezuela y Bolivia, especialmente porque han forjado una sociedad civil más combativa y organizada en este proceso.

Sin embargo, aun así, las contradicciones y los límites son inherentes a estos procesos que no pueden detenerse cuando se trata de construir el poder popular en América Latina.

Dada la situación actual, la primera dificultad provocada por estas contradicciones es el económico. Quizás, debido al profundo grado de miseria y la gran desigualdad social en los países latinoamericanos, se le dio poca importancia al cambio de matriz económica. Sin embargo, como se trata de un proceso revolucionario, de disrupción, la base económica para avanzar es fundamental.

Los sectores populares de la sociedad deben construir un lastre de confianza a partir de la cuestión económica, desarrollando la producción con estabilidad y sin causar molestias a la población (Lenin, 1977).

En Bolivia se buscó una mezcla que considere el modelo de organización social de una estructura comunitaria como los ayllus (basado en un modo de producción precapitalista), combinado con el avance de un modelo de desarrollo, de nacionalización de sectores estratégicos, en el marco del capitalismo. Algo que contribuye a que el país sea el de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos años, pero genera problemas frente a los valores ancestrales pachamísticos y el respeto por los pueblos tradicionales, en un momento en que hay una expansión de los agronegocios en la siembra de soja, por ejemplo, o con la construcción de obras importantes como represas hidroeléctricas, carreteras, tuberías, etc.

Algunos otros Gobiernos progresistas han potenciado el bloque conservador, no siendo progresistas con sus políticas económicas. Tener que gobernar para todos no puede significar la entrega de recursos que debilita su propia base social, es decir, perjudicar aquellos que salen a la calle para defender el proyecto popular. El ajuste fiscal que se produjo en Brasil al comienzo del segundo mandato del Gobierno de Dilma Rousseff fue un gran ejemplo de este tipo de error al debilitar su base social con medidas impopulares. Algunos autores atribuyen estas debilidades al señalar la reproducción de prácticas de desarrollo, que difieren muy poco de lo que se hizo en los Gobiernos conservadores, lo que también afecta la base social popular. Algo señalado por Salvador Schavelzon (2017), como una de las motivaciones para el fin de los ciclos progresistas.

Por otro lado, incluso con los mecanismos de pluralismo económico descritos en la constitución boliviana, ¿podríamos imaginar que los Gobiernos progresistas deberían poner fin a los mercados y socializar los medios de producción? Ciertamente, ¡no! Porque no es simplemente la voluntad del gobernante ni mediante la firma de un decreto. Un proceso revolucionario para tener éxito no puede aislarse, debe avanzar por todo el continente e internacionalizarse, de lo contrario, no hay razón para ser considerado revolucionario. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de los aportes económicos tiende a ser mayor, más allá, de los límites del Estado-nación y es más capaz de subvertir la mera reproducción del capital de una manera dependiente y sumisa a una división internacional del trabajo ya existente.

También se observó que políticamente hubo una integración importante entre los países de la región, lo que contribuyó al fortalecimiento de una identidad latinoamericana. Sin embargo, la integración política no es suficiente cuando la economía se limita a las fronteras del Estado-nación.

Este es un gran desafío a lograr, una integración económica latinoamericana. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera (2016) presenta un desafío aún mayor, que converge con el sueño de Bolívar: construir un Estado continental plurinacional capaz de respetar las estructuras nacionales de cada país, pero manteniendo un segundo piso de instituciones continentales en todos los sectores, lo que sería un gran desafío para el siglo XXI.

Finalmente, otro tema profundamente abordado y considerado central en el debate sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano es la democracia. Este es un gran desafío para mantener los avances políticos en América Latina.

En el caso de Bolivia los avances democráticos fueron significativos, ya que el país rompió, en parte, con las viejas estructuras, apoyadas por la nueva Constitución y forjó un ciclo más innovador a través de un proceso transformador. Como ya se señaló, en Venezuela existe un estímulo para la democracia participativa a través de los Consejos Comunales, mientras que en Bolivia, el reconocimiento de la democracia comunitaria representa un avance en lo que existía hasta entonces. Sin embargo, a diferencia de cuando triunfa la revolución armada, en los casos citados, es necesario vivir con el adversario, incluso si la victoria sobre ellos fue política, moral y narrativa. Ahora es el momento de contrarrestar la reanudación de la fuerza del enemigo con las armas hechas posibles por la propia Constitución.

Por lo tanto, nos enfrentamos a una nueva pregunta al caracterizar un proceso revolucionario. Las revoluciones encarnan el espíritu de los siglos y surgen de las personas mismas. Todas estas revoluciones, actuales o anteriores, siempre han necesitado líderes, que deben obedecer el pacto social hecho en las constituyentes populares. El gran desafío de estos procesos es continuar la construcción subjetiva de la dirección revolucionaria, sin caer en el falso personalismo, para mantener la perspectiva histórica de lo que se está construyendo.

De repente, el intento de establecer una toma de decisiones colectiva sin ignorar el liderazgo permite que este proceso continúe, que puede ser estimulado por la base misma del nuevo constitucionalismo latinoamericano, sin caer en el fetichismo constitucional, y continuar el proceso de formación de estos líderes populares en democracia.

Consideraciones finales

Simplemente, no es nuestro trabajo ser pesimista sobre el futuro como resultado de los reveses generales que comenzaron a mediados de los años diez del siglo XXI. Debido a que la historia nunca ha estado marcada por un proceso lineal y continuo, pero como dijo Karl Marx (1984), el proceso revolucionario es pendular, marcado por las olas, los hombres y las mujeres no lo hacen simplemente cuando lo desean.

El hecho de que sea un proceso conlleva reveses, pero en algún momento habrá una próxima ola. No puede ser preciso cuándo, pero los sectores populares deben estar preparados para la llegada de este próximo péndulo o esta nueva ola. La autocrítica es fundamental para la verificación de los fracasos resultantes de los últimos períodos de hegemonía del bloque progresista.

El nuevo constitucionalismo latinoamericano pasa a una etapa de resistencia. Las constituciones provenientes de su concepción, especialmente la Constitución boliviana de 2009, además, de construir una perspectiva constitucional más participativa, popular y transformadora, ahora sirve como instrumentos que resisten los ataques de los sectores neoliberales, que buscan desmantelarlos. Estos sectores no están interesados en constituciones fuertes, democráticas y populares, por lo que no están interesados en lo que propone el nuevo constitucionalismo latinoamericano, respaldado por un constitucionalismo desde la calle. Por esta razón, estas constituciones pueden nunca haber sido tan importantes como en este momento de resistencia.

Los sectores de la sociedad vinculados a la agenda neoliberal no tienen grandes proyectos, excepto para restaurar los privilegios que siempre tuvieron. El tiempo histórico está del lado de la gente, que se da cuenta de que las olas de la historia no vienen por casualidad, sino que provienen de la lucha aún por librar.

Bibliografía

• Bello, Enzo. A cidadania no constitucionalismo Latino-Americano. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
• García Linera. Álvaro. La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. La Paz: Prometeo libros/Clacso, 2008.
• _________________. Reunión de ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, 2016. en https://www.vicepresidencia.gob.bo/Participacion-del-vicepresidente-del-Estado-Alvaro-Garcia-Linera-en-la. Acesso em: 03 mar. 2017.
• Lenin. Wladimir Ilytch. As Tarefas imediatas do Poder Soviético. 1918. Lisboa: Editorial Avante, Edições Progresso: 1977. en http://marxists.anu.edu.au/portugues/lenin/1916/imperialismo/index.htm. Acesso em 16 mar. 2017.
• Leonel Júnior, Gladstone; Sousa Júnior, José Geraldo. A luta pela constituinte e a reforma política no Brasil: caminhos para um «constitucionalismo achado na rua». Direito & Práxis. Vol. 08, n.°2. Rio de Janeiro: UERJ, jun. 2017.
• Leonel Júnior, Gladstone. El nuevo constitucionalismo latinoamericano: un estudio sobre Bolivia. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolívia/Oxfam en https://fortalecimientociudadano.vicepresidencia.gob.bo/wp-content/uploads/2017/08/El-Nuevo-Constitucionalismo-Latinoamericano-.pdf. 2017.
• Marx. Karl. O 18 de Brumário de Louis Bonaparte. 1851-1852. Trad. José Barata-Moura e Eduardo Chitas. Lisboa: Editorial Avante, Edições Progresso: 1984 en https://www.marxists.org/portugues/marx/1852/brumario/index.htm. Acesso em 16 mar. 2017.
• Schavelzon, Salvador. El fin de ciclo progresista sudamericano ¿Ha sido derrotado el imaginario político de la izquierda? Nueva sociedad. Democracia y Política en América Latina. Buenos Aires: 2017 en http://nuso.org/articulo/el-fin-de-ciclo-progresista-sudamericano/. Acesso em: 03 mar. 2017.
• Valença, Daniel. Disjuntivas do Processo de Cambio: o avanço das classes subalternas, as contradições do Estado Plurinacional da Bolívia e o horizonte do socialismo comunitário. 2017. 404 f. Tese (Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

Coluna Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, sobre livro de Luciana Lombas Belmonte Amaral

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Ensino jurídico e educação em direitos humanos: entre hierarquias sociais e redes de poder do mundo do direito - Estado de Direito

Coluna Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito         BELMONTE AMARAL, Luciana Lombas. Ensino jurídico e educação em direitos humanos: entre hierarquias sociais e redes de poder do mundo do direito — Belo Horizonte: Editora D’Plácido, ...

Que se Vayan Todos… Atualizações desde Lima, Perú: democracia em risco?

7 de outubro de 2019 by Observatório

Renata Carolina Corrêa Vieira e José Geraldo de Sousa Junior

Primeiro um golpe do Congresso para nomear novos ministros do Tribunal Constitucional (sem respeitar o devido processo de nomeação dos ministros da Suprema Corte que ainda não tinham terminado seu mandato), para que se forme uma maioria fujimorista e assim libertar Keiko Fujimori, atualmente em prisão.

Em seguida, negam a questão de confiança, figura jurídica constitucional que o Congresso tem que aprovar quando o Presidente lhe pede alguma reforma constitucional (e a que ele queria fazer era justamente a reforma sobre a forma de nomeação dos ministros da Suprema Corte). O Congresso ignora o pedido do Presidente e nomeia um fujimorista ao Supremo. O Presidente declara a dissolução do Congresso (diante da negação “tácita” da questão de confiança, uma vez que o Congresso não aprecia o pedido do presidente e segue votando a nomeação da Corte) e, ao mesmo tempo, convoca novas eleições para janeiro/2020.

Em seguida, o Congresso já deposto decide afastar o Presidente por 12 meses por “ruptura da ordem constitucional“. A vice-presidenta abona o golpe e, apoiada por fujimoristas, se autoproclama presidenta do país. As Forças Armadas se reúnem com o Presidente e lhe declaram apoio por considerá-lo o legitimo presidente do país.

Nas ruas, o povo comemora o fechamento do Congresso: que se vayan todos!, grita o povo. Na madrugada, ex-congressistas tentam sair do país (já ameaçados em processos de corrupção e sem imunidade democrática).

As próximas cenas, de uma celeuma juridico-político-constitucional, difícil de entender, colocam em causa a questão, dramática para o Perú, mas de interesse de toda a América Latina: democracia em risco?

Mais difícil ainda para quem, de cidadania brasileira, reside temporariamente no Perú, cumprindo um estágio de intercâmbio acadêmico (UnB/CEAM/Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania e IIDS – Instituto Internacional Derecho y Sociedad, de Lima). Mas, por todas essas razões, precisando se situar, circunstancialmente, em meio a essa crise.

Procurando uma leitura editorial um pouco mais distanciada política e racionalmente dos desdobramentos do tenso momento político, encontramos no diário espanhol El País, em matéria de 3 de outubro, assinada por Francesco Manetto e Jacqueline Fowks, um esboço factual acerca dos acontecimentos.

Para os jornalistas, a crise política desencadeada no Peru pelo embate entre o presidente Martín Vizcarra  e o Legislativo, controlado pela oposição, arrefeceu nesta quarta-feira quando fracassou a manobra improvisada da bancada fujimorista e de seus aliados de direita. Após a dissolução do Congresso e a convocação de eleições legislativas, anunciada na segunda-feira pelo presidente, o Congresso virtualmente o destituiu e aprovou sua substituição pela vice-presidenta Mercedes Aráoz. No entanto, ela renunciou na terça-feira à noite, por considerar que não há “as condições mínimas” para assumir o cargo.

Ainda segundo jornal, a nomeação de Aráoz representava um passo perigoso porque mergulhava o país em um grave choque institucional. Aráoz acabou assumindo que a votação no Congresso não era viável. Em carta endereçada ao chefe do Legislativo, Pedro Olaechea, e divulgada nas redes sociais, ela renunciou também ao cargo de segunda vice-presidenta do Governo. Fez isso, afirmou, com o objetivo de propiciar a convocação de eleições gerais e apelou ao pronunciamento da Organização dos Estados Americanos (OEA), que considerou que cabe ao Tribunal Constitucional a decisão final sobre o fechamento do Congresso. “Saímos todos nós e convocamos eleições, mas saímos todos agora e deixemos que o povo escolha agora”, disse Olaechea nesta quarta-feira.

Para os analistas de El País, o controle dessa instância judicial está precisamente na origem desse confronto, que vem ganhando forma há meses e não dá sinais de cessar. Os partidos de oposição pretendiam forçar a nomeação de membros afins no tribunal superior. A líder da Força Popular,Keiko Fujimori, está em prisão preventiva por um escândalo de lavagem de dinheiro vinculado a uma trama de subornos pagos pela construtora brasileira Odebrecht no Peru. E a alta corte terá de decidir se aceita os recursos dos políticos investigados.

Enquanto isso, Vizcarra argumenta que a dissolução do Congresso corresponde a uma tentativa de desbloquear a atividade parlamentar. A oposição não quis dar prioridade a uma moção de confiança [projeto de lei] e, pelo contrário, começou a votar em juízes alinhados com suas posições, chegando mesmo a nomear um deles. A iniciativa parlamentar apresentada pelo Governo buscava modificar o esquema de designação no tribunal superior. “Está claro que a obstrução e a blindagem não cessam e não haverá acordo possível”, declarou o chefe de Estado, que para dissolver o Congresso se fundamentou no artigo 134 da Constituição. Esta norma é agora objeto de debate de especialistas e juristas, a fim de determinar se sua aplicação foi justificada. O texto consagra que “o Presidente da República tem o poder de dissolver o Congresso se este censurou ou negou sua confiança a dois Conselhos de Ministros”. Sua interpretação agora depende da corte.

De todo modo, para El País, o que aconteceu nos últimos dias reflete o alto grau de polarização da política peruana, cercada e golpeada por uma corrupção quase sistêmica. O próprio Vizcarra assumiu o cargo de presidente, em março de 2018, porque seu antecessor, Pedro Pablo Kuczynski, teve que renunciar por causa da investigação realizada pela operação da Lava Jato peruana. Ele tinha derrotado Keiko Fujimori em 2016 por pequena margem. No entanto, o partido dela conseguiu o controle do Parlamento e o estilo de sua bancada resultou em uma crise de legitimidade que ainda não foi resolvida.

O fato é que começou o processo para pôr em andamento as eleições parlamentares convocadas por Vizcarra para 26 de janeiro. O órgão eleitoral nacional estabeleceu, em uma resolução publicada no diário oficial, o encerramento do registro de eleitores em 30 de setembro, a data em que o Executivo publicou o decreto de dissolução do Congresso e a convocação das eleições. O Tribunal Nacional de Eleições especifica que serão eleitos parlamentares “para completar o período constitucional do Congresso dissolvido”. Ou seja, o mandato vai expirar em julho de 2021. Os partidos políticos ainda estão avaliando sua participação.

Difícil de entender em seus próprios contornos, mas ainda quando se busca fazer isso sem a familiaridade da proximidade cultural e no contexto de uma conjuntura de crise obscurecendo a possibilidade de discernir nessas circunstâncias.

Por isso nos valemos de uma tentativa de melhor compreensão a partir de quem, em vivência nativa, pode contribuir para leitura da crise. Assim, emprestamos de um dileto amigo e brilhante pesquisador, ele próprio estando atualmente no Canadá cumprindo um programa de doutoramento, embora com grande experiência de expertise em processos de paz e justiça (juristas expertos extranjerosamicus curiae),integrante da Sala de Justicia (para o caso da Colômbia), junto ao Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y non Repetición – SIVJRNR. Jurisdición Especial para la Paz.  Salvador Herencia Carrasco, no Human Rights Clinic- Human Rights Research and Education Centre, U.Ottawa, onde discute para sua tese o colonialismo, os desafios às normas dos direitos humanos, a auto-determinação, o gênero e a sociedade (falta de) representação na Corte Inter-Americana dos Direitos Humanos.

Para Salvador Herencia Carrasco o Peru está neste momento passando por um tempo político turbulento.48 horas depois do Presidente Vizcarra ter disssolvido o Congresso, as coisas estão lentamente a começar a voltar ao normal. As Forças Armadas, os governos estrangeiros e a Organização dos Estados Americanos reconhecem que, de acordo com a Constituição, o Sr. Vizcarra é o presidente.Terça-feira à noite, Madame. A Mercedes Aráoz despediu-se ao cargo de segundo vice-presidente. Sua posse ilegal como presidente de fato por um congresso adiado levou-a e aos partidos políticos que a apoiaram (APRA e Fuerza Popular) a lado nenhum. E muito provavelmente, ela vai enfrentar sérios problemas legais.

No horizonte, uma questão de grande impacto. Os promotores especiais que investigar os casos de corrupção de Lava Jato da Odebrecht no Peru vão investigar (novamente) o seu ex-CEO no Peru, Jorge Barata. Ele assinou um acordo, por isso é obrigado a contribuir com as investigações, ou vai perder quaisquer benefícios acusação.

Uma das grandes revelações esperadas são os nomes de membros do Congresso que receberam dinheiro da empresa durante a última campanha. Sob o arquivo ” campaña Legislativa “, há uma lista de apelidos (por exemplo: ” Shepard Alemão “, ” Doctor № “, ” Alpaca “, ” Alpaca “, etc.) com pagamentos feitos em dinheiro. A mídia tem especulado sobre os possíveis nomes (que cobrem todos os partidos políticos, mas principalmente APRA e Fuerza Popular), mas temos que esperar. Mais uma vez, Sr. Barata deve colaborar plenamente com os promotores peruanos.

O Congresso, liderado pela APRA e o partido de Fujimori agora nomeado como Fuerza Popular, tentou bloquear a investigação da Odebrecht. Entre outras coisas, eles tentaram derrubar o acordo de cooperação entre os Advogados Gerais do Brasil e o Peru ou eleger juízes tendenciosos para o Tribunal Constitucional, o que influenciou a dissolução do Congresso pelo Executivo.

A mídia local informou que alguns dos (agora) ex-membros do Congresso foram vistos no aeroporto, tentando sair do país. Se eles receberam subornos da Odebrecht e isso for confirmado pelo testemunho desta quarta-feira, eles serão presos e processados. As acusações podem ir de suborno a desfalque e qualquer coisa no meio. O pior cenário é que alguns deles poderiam ser investigados como parte de um grupo de crime organizado, o que significa muito tempo atrás das grades.

Vale a nota final e pessoal de Salvador Herencia Carrasco, com a confiança de que algo de bom possa estar no bojo de algo que parece ruim: Como peruano que vive no estrangeiro, não dormi muito nas últimas 48 horas. Tenho estado preocupado com os meus pais, com a minha irmã e amigos. No entanto, além de debates vivas no WhatsApp, há uma sensação de calma. Não houve um golpe, as Forças Armadas estão em suas bases, os meios de comunicação social não foram bloqueados e os jornalistas continuam a informar livremente, independentemente da sua posição política. Livrar-se da corrupção embutida em um sistema político não é fácil. A influência de Fujimori e do seu partido vai continuar, mas não posso deixar de sentir um pouco de orgulho em ver que, apesar da crise, conseguimos manter-nos à tona. Mal. Mas isso vai ajudar por enquanto.

Essa sensação de algo que parece ruim pode carregar a possibilidade de alguma esperança de melhora no ambiente da política, pode ser a atmosfera da conjuntura que vivemos em nossos países ao sul da América.

Mesmo no Brasil onde se vai adensando a consciência de que uma tremenda trama parlamentar-judiciária e midiática operou para instalar um projeto ultraneoliberal e que há alternativas para preservar o projeto democrático-popular que implementava políticas sociais em amparo à dignidade material dos setores mais excluídos da sociedade. A campanha Lula Livre e a enorme solidariedade ao ex-Presidente Lula, muito forte no plano internacional, contribuem para desmascarar toda a urdidura de uma trama golpista, contra a Democracia, o Estado de Direito, a Constituição e, em última análise, contra os trabalhadores.

Na Argentina, a prévia das eleições traz sinais promissores para mostrar que está em curso uma virada anti-neoliberal e de retomada de projetos que resguardem os interesses dos trabalhadores.

Ao mesmo, protestos contra cortes nos subsídios dos combustíveis voltaram a paralisar os transportes em grandes cidades do Equador nos últimos dias, após protestos que já deixaram 350 pessoas presas e ao menos 35 feridos.

A capital Quito, com cerca de 2,7 milhões de habitantes, permanece sem serviço de ônibus e táxi. As pessoas caminhavam desde cedo para as estações do sistema de transporte municipal, insuficiente para levar a população do norte ao sul da cidade. A falta de transportes também afetou outras cidades importantes como Guayaquil (sudoeste), centro comercial do Equador, e Cuenca (sul).

Enquanto os preços dos combustíveis disparam devido às medidas fiscais adotadas pelo presidente Lenín Moreno no início da semana, manifestantes mascarados atiraram pedras e enfrentaram a polícia em Quito, provocando grandes estragos em meio aos piores distúrbios em anos no país, num movimento contra a ação de governo que aproximou o Equador dos mercados depois de anos de um governo de esquerda e alinhou as políticas a um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), descartando os subsídios dos combustíveis, que duravam décadas, e anunciou mudanças tributárias. A ação contou com a participação de grupos indígenas, estudantes e sindicatos.

Precisamos estar atentos ao que se passa e, tal como no Perú já se começa a divisar, a partir das primeiras análises que procedem de setores populares à esquerda, conforme Tito Prado, líder nacional do Novo Movimento Peru, o lado bom desse processo está em que se “em todos esses anos, o movimento social enfrentou uma dura luta e é o pano de fundo da crise”, o essencial é que “permaneça ativo para garantir uma saída democrática” e assim, pavimentar o caminho para as grandes transformações necessárias aos nossos países.

Coluna Lido para Você: Direitos Humanos como Projeto de Sociedade

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BEAU GESTE ou O Jeito de Ser Luiz Carlos Sigmaringa Seixas

BEAU GESTE ou O Jeito de Ser Luiz Carlos Sigmaringa Seixas

                                    José Geraldo de Sousa Junior[1]

Não é só o vocábulo, com a elegância da língua francesa que expressa a fidalguia, a generosidade e a honradez de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Seu modo de ser e agir sempre foi a representação do cavalheirismo que o escritor inglês Percival Christopher Wren imprimiu ao personagem título do seu romance de 1924, BEAU GESTE .

Todos os que conhecemos o Luiz Carlos, sabemos bem desse seu jeito de ser tomando forma invariavelmente em gestos nobres, porque ao contrário de muitos fariseus e doutores da lei, sempre foi exaltado sem necessitar sentar-se no primeiro banco (Lucas, 14).

No livro organizado por Paula Spieler e Rafael Mafei Rabelo Queiroz ADVOCACIA EM TEMPOS DIFÍCEIS Ditadura Militar 1964-1985, publicado pelo FGV,  Luiz é naturalmente um dos entrevistados e, mesmo com um roteiro que apreende em detalhe a força de uma biografia, pronta para o diálogo, porém sem desvios, altiva e corajosa,  ele próprio contemporiza o reconhecimento que granjeou para não se deixar envaidecer.

Quando os entrevistadores abrem a oportunidade para se auto-definir: Doutor Sigmaringa, gostaria que o senhor ficasse à vontade para dizer as suas palavras finais, a sua resposta é a sobriedade que não se esbanja em arrogância narcísica: “Primeiramente, agradecer a escolha de meu nome para este depoimento. Depois, deixar claro que o meu papel na luta dos advogados de presos políticos não teve a importância de tantos outros colegas. Por fim, dizer que trabalhos desse tipo são muito importantes, pois ficam como registro para a memória do país, para a história do Brasil, talvez no seu período mais sombrio. O registro de uma luta heroica, empreendida por gente corajosa, e que deve servir de exemplo para as novas gerações. E é também uma homenagem àqueles que na sua luta contra uma ditadura sanguinária, foram presos, torturados e deram as suas vidas para que o Brasil retomasse o caminho da liberdade e da justiça social”.

Esse modo discreto de ser, que vai do anonimato de uma solidariedade que jamais desassistiu um desvalido,  sem exigência de retorno ou um projeto que valesse o apoio para seu seguro credenciamento, foi o balizador para definir, aceitando ou recusando, convocações para o exercício de altos cargos, na administração ou no sistema de justiça. Para ele o exercício de cargos públicas só pode dar-se por meio de requisitos que se orientem pela função social desses misteres, jamais pelo obséquio ou o carreirismo. Note-se que nesse quesito se inclui, três vezes recusada, a indicação de seu parceiro político de anos, o Presidente Lula, que o queria com assento no Supremo Tribunal Federal.

Os livros e entrevistas que registram a sua biografia trazem um rol expressivo de situações relevantes nas quais se distinguiu. Seu colega e irmão por filiação afetiva, no acolhimento patriarcal que seu pai e nosso mestre comum na advocacia Antônio Carlos Sigmaringa Seixas estabeleceu por agnação, acompanhei ou compartilhei muitos desses momentos e das tensões que eles provocavam, na Ordem dos Advogados do Brasil, no DF, na composição da primeira Comissão de Direitos Humanos instalada depois da 8^a. Conferência Nacional da OAB (1980); na Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB e na fundação da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília (na continuidade da luta por dignidade, contra a tortura, a violação sistemática de direitos humanos, mas para inserir na agenda dos direitos fundamentais os direitos sociais, econômicos e culturais e o reconhecimento político do protesto e da reivindicação de movimentos sociais até então criminalizados pela aplicação da legislação de exceção em forma de lei de segurança nacional); no CEBRADE – Centro Brasil Democrático, em Brasília, na mobilização pela autonomia e a representação política do Distrito Federal, em conjunto com as mobilizações por eleições diretas no país, por anistia e por uma constituinte que permitisse a mediação política para um regime civil de enunciado democrático, valores que depois ressignificaria na própria experiência constituinte em seu trabalho de relatoria do capítulo do Distrito federal e da institucionalização de um ministério público, menos representação da Coroa e corporativa e mais defensor do povo e da cidadania.

Na costura desse grande tecido para a confecção do figurino de um novo país, o nosso Luiz alinhava o fio consistente de um cotidiano feito de dias, noites e madrugadas de escaramuças, de enfrentamentos, num movimento contínuo, diuturno, sem esmorecimento para resistir e avançar num campo minado, muitas vezes cruento, sempre em disputa entre a exceção e a luta por democracia. Ora, o mandado de segurança para assegurar o voto da representação estudantil no Conselho Universitário da UnB e começar a erodir a intervenção militar na universidade; ora, a carga nos processos do STM para poder copiá-los e formar matéria empírica para o projeto Brasil: Tortura Nunca Mais, à custa de logo o Tribunal, contra as prerrogativas da advocacia, interditar a retirada de autos do cartório, acessíveis apenas à consulta em balcão. Ou vamos encontrá-lo em meio à poeira da remoção forçada de sem-teto na ocupação da Quadra 110 Norte em Brasília, na linha de proteção às violações que seguem tais operações e a seguir na mobilização em busca de alternativas para assegurar moradia digna no espírito da Constituição que ajudou a elaborar e  da Declaração do Habitat que inscreveu a moradia no rol dos direitos humanos cogentes, e assim, contribuindo para as gestões que permitiram a esses cidadãos se instalarem, contra as políticas de repatriação, onde hoje se encontram no Distrito Federal, formando a comunidade da Vila Nova Esperança. Aqui, reproduzindo as mesmas atribuições de defesa de direitos, tal como em outro momento o fez com colegas da OAB-DF, para garantir os títulos históricos reivindicados pelo protagonismo da Associação Incansáveis Moradores de Ceilândia.

Os exemplos podem se desdobrar indefinidamente nessa remissão de testemunho. Já não é o caso, dado o protocolo da cerimônia de homenagem e as manifestações dos ilustres oradores e oradoras inscritos para as suas homenagens.

Aqui, me incumbe assinalar que a mais importante homenagem que se pode tributar a Luiz Carlos Sigmaringa Seixas é a que expresse o seu legado de homem público, de amigo leal, de companheiro afetuoso, de filho, irmão, pai, avô, perante a sua comunidade de afetos aqui presente ou representada. Um legado que o projeta para os tempos presentes, mais uma vez tempos sombrios, mas que trazem o alento de que enquanto existir compromisso de luta como Luiz travou, são tempos contados, que mais uma vez serão vencidos.

É nesse ponto que seu legado contribui para desvelar o que se proclama sob manto da “desburocratização,  eficiência e do combate à corrupção” estatal,  mas que alavanca uma investida  armada no País sob a forma de um golpe contra o Estado, contra a Constituição e a Democracia. Com ações de intuito reformista, com a Constituição arguida contra a própria Constituição, para dela extrair-se, com o uso meramente formal de seus enunciados, sob a ilusão de uma retórica mobilizadora de engajamentos (sociais, políticos, jurídicos), delirantes de seu necessário fundamento material, o tremendo interesse de apropriação do sistema constitucional-jurídico, em atentado à democracia, num modo de tradução, sem nenhuma sutileza, do que se tem denominado Estado de Exceção, que se vale da lei para esvaziá-la de suas melhores promessas, gerando por sua vez um estado de coisas inconstitucional (SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Estado democrático da direita. In BUENO, Roberto (org). Democracia: da crise à ruptura. São Paulo: Editora Max Limonad, 2017; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Resistência ao Golpe de 2016: Contra a reforma da Previdência. In RAMOS, Gustavo Teixeira et al. (coords.). O Golpe de 2016 e a Reforma da Previdência: narrativas de resistência. Bauru: Canal 6 (Projeto Editorial Praxis), 2017).

         Luiz Carlos Sigmaringa Seixas continua presente entre nós, ele e advogados como José Gerardo Grossi, tantas vezes juntos na mesma trincheira, na expressão do Gesto Nobre (Beau Geste) e da disponibilidade solidária para confrontar o arbítrio. Eles nos inspiram para a tarefa que a conjuntura propõe para aqueles que se comprometem com a causa democrática, porque a democracia é invenção como nos ensinou José Paulo Sepúlveda Pertence outra de nossas referências, felizmente ainda na linha de frente da luta democrática, porque a democracia é obra inconclusa, sempre inacabada.

Mas não é tarefa fácil. Hoje no Brasil, o cansaço e a decepção parecem também conduzir a um despertar de um protagonismo prestes a eclodir. Aos poucos vai se revelando um cancro institucional que se enquistou na tessitura democrática da política e contaminou a própria história do País. Uma cumplicidade nefasta, ardilosa, traiçoeira ampliou-se nessa tessitura numa metástase dilaceradora. Setores institucionais e do sistema de justiça engolfaram-se na necropolítica que produz a exceção. Gente que se apresenta aliada num arranjo semelhante a um partido, agora se revelam , não correligionários, mas cúmplices, sacrificam a ética funcional configurada como “filigrana jurídica” no descaminho da política e, em última análise, da Justiça.

Contra esse estado de coisas nos inspira a atuação de Luiz Carlos Sigmaringa Seixas. Em 2007 colhi dele, também, em longa entrevista que está publicada no Periódico Observatório da Constituição e da Democracia (Brasília: Faculdade de Direito da UnB, n. 17, pp. 12-13), na qual percorrendo os caminhos de uma atuação em defesa dos direitos humanos, das liberdades públicas e dos perseguidos políticos, estudantes, sindicalistas, professores e ativistas,  durante os anos da ditadura instalada no Brasil com o golpe civil-militar de 1964, que seu agir, seu modo de ser político-profissional só pode ser o da  “prática da advocacia para a posição de confronto direto entre a civilidade e o arbítrio”.

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[1] Professor Titular e ex-Reitor da UnB. Discurso proferido na Sessão Solene de Homenagem aos advogados Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e José Gerardo Grossi, na CIamara dos Deputados, em 1/10/2019.